Asociación Española de Científicos

La AEC contempla a la totalidad de los investigadores científicos españoles y a todas las disciplinas científicas. Las cuestiones y los temas que recaban su atención son preferentemente los que afectan a la totalidad de los científicos o a la condición de científico.

Ello no significa que tenga como fin prioritario los intereses profesionales de los científicos en su generalidad, ni mucho menos los intereses y reivindicaciones laborales. Se dirige al científico como protagonista y causa directa e inmediata del hecho científico, es decir, de la Ciencia. En realidad, es la Ciencia nacional lo que contempla esta Asociación, pero no la Ciencia como depósito cumulativo de enunciados y experiencias ya objetivados, contrastados y consagrados, sino la Ciencia como una acción y suceso cotidiano que lleva entre manos el ser humano científico.

¿Con qué recursos y facilidades? ¿Con qué orientaciones? ¿Con qué alientos y reconocimientos de la Sociedad y del Estado? ¿Con qué satisfacciones y atractivos? ¿Con qué figura institucional y profesional dentro del concierto social?

Es obvio, como consecuencia de lo anterior, que la AEC tiene como primer teatro de observación las políticas científicas de los Gobiernos sucesivos. Obedece con ello a una racionalidad o a una congruencia impuesta por la circunstancia española. Por suerte o por desgracia (más bien lo segundo) la investigación española, especialmente la investigación teórica o básica, es una investigación pública, es decir, financiada por el Estado y ubicada en las dependencias del Estado: Universidades, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Organismos Públicos de Investigación, el Ejército y la Sanidad.

Es verdad que la Ciencia, cuanto es más creativa y fruto de un esfuerzo humano poderoso, tiende a ser libre y hasta a desbocarse por insólitas praderas. Y en realidad en esas libertades y desbocamientos es donde se producen los hallazgos que cambian al mundo, pero el conjunto de la Ciencia como actividad nacional está lógicamente muy conformado por los Gobiernos que pagan tanto el gasto de la investigación como el sueldo del investigador.

Existe, por tanto, y debe existir, una política científica, pero no hay ninguna garantía de que los Gobiernos acierten en este renglón de su política. Todavía más. Los Gobiernos están espléndidamente capacitados para errar en estas materias, porque los tiempos políticos (los cuatro años) no coinciden con los tiempos científicos, y a ningún Gobierno le interesa hacer esfuerzos extraordinarios cuyos frutos habrán de notarse más allá de los cuatro años, es decir, cuando ya se hayan celebrado las elecciones. Y por suerte o por desgracia (más bien lo segundo) la Ciencia española requiere esfuerzos extraordinarios.